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Un llamado a la unidad popular

Ha sido un año difícil para los populares. Para algunos, fue frustrante el rechazo de un proyecto crucial del gobernador, frente al voto disidente de seis representantes “traidores”. Para otros, estos representantes fueron “héroes” que lograron detener la aprobación de un controversial proyecto, “error” de nuestro gobernador. Sea cual fuere su opinión sobre los seis disidentes, el IVA o la labor del gobernador, los sentimientos que persisten hasta hoy podrán afectar de manera negativa nuestra sobrevivencia como colectivo.

Sin embargo, hay que señalar que a pesar de las diferencias dentro del Partido Popular, dichas discusiones por lo menos son ideológicas.  En el caso del Partido Nuevo Progresista, las pugnas son puramente el producto del culto a la persona, y entre caudillos. En muchos casos – como vemos con Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, o Kenneth McClintock y Pedro Rosselló – la pugna es entre los mismos estadistas demócratas. En el caso del Partido Popular, hay que enfatizar el “democrático” del nombre de nuestro partido; fundado por Luis Muñoz Marín como la “casa grande”, donde se unieron grupos de todos los trasfondos.

El resultado de la votación sobre el IVA no debe ser sorpresa. En el caso del Representante Luis Vega Ramos, por ejemplo, desde el inicio de su participación en el partido no ha tenido miedo a desviarse de la línea de la directiva. Por ejemplo, en el plebiscito de estatus del 1998, el jóven Vega Ramos desafió la posición oficial del PPD para hacer campaña por la Libre Asociación y luego por el ELA Soberano en el referéndum del 2012, también en contra de la línea del partido. Sin embargo, Vega Ramos es el representante popular por acumulación con más votos obtenidos en las primarias y elecciones generales del 2012. Sus electores sabían a quienes estaban eligiendo y a pesar de su típica activismo dentro del partido, tiene amplio apoyo de parte de la base del partido y la población en general. En el caso del Representante Manuel Natal, éste se tiró a la contienda contra un candidato quien contaba con el apoyo institucional del alto liderato del Partido. Sin embargo, la misma base del partido eligió a Natal con un margen de 14% de votos del Consejo General del Partido.

La propuesta de la reforma contributiva, sin duda, buscaba remediar de inmediato gran parte del problema fiscal, proveer alivio contributivo a individuos y corporaciones y contrabalancear la regresividad del impuesto con reembolsos a ciertos contribuyentes. Sin embargo, el proyecto no estaba exento de controversia. Por ejemplo, hubo declaraciones de parte del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá de que dicho proyecto podría agravar la situación económica del país. Héctor Ferrer, ex presidente del partido y ahora según las encuestas el favorito para la candidatura de la Comisería Residencia categorizó el proyecto como “malo”. Ferrer típicamente ha representado la “línea” estadolibrista del Partido.

Finalmente, según una encuesta realizada por la Universidad de Turabo, el 90% de la población rechazaba el proyecto del gobernador, mientras que solo el 4% de los entrevistados lo apoyaba. Considerando la oposición al proyecto, las preocupaciones por parte de influyentes alcaldes de la isla, la complejidad y volumen de 2,500 páginas del proyecto, y el poco tiempo (24 horas) que tuvo la Cámara para analizar el proyecto sustitutivo, no debe ser sorpresa para nadie que seis de los 28 representantes populares votaron en contra. El proyecto hubiese encontrado resistencia también en el Senado, donde varios senadores ya habían expresado sus reservas.

Pero así es el proceso legislativo. El propósito de tener tantos legisladores de múltiples distritos tan diversos es para asegurar una diversidad de opiniones y posturas. Las necesidades de Carolina, por ejemplo, no son las mismas de Vega Alta, y por ejemplo, los constituyentes que siguen a Natal no necesariamente son los mismos que siguen a Perelló. Por eso mismo existen tantos distritos representativos y legisladores por acumulación; para traer a la mesa una diversidad de ideas y posturas. Sin duda, la postura y las acciones de los seis legisladores representan el sentimiento de muchos populares y sectores de la sociedad. Además, si se tilda de “traidor” a los últimos dos presidentes y tres de los alcaldes más importantes de la colectividad, el Partido Popular tiene un grave problema.

Lo que surgió el año pasado es resultado de la democracia representativa. El gobernador sometió un proyecto que entendió era beneficioso para Puerto Rico, pero no logró los votos necesarios. Similarmente, la ex-gobernadora Sila Calderón vetaba con frecuencia medidas aprobadas por la asamblea legislativa de Carlos Vizcarrondo y Antonio Fas Alzamora. Sin embargo, todavía hay docenas – si no cientos – de proyectos de la plataforma de gobierno del PPD que quedan sobre la mesa por trabajar. (Inclusive, cabe señalar que el programa del partido no incluía la medida del IVA, y el tema no fue sujeto de discusión durante la campaña del 2012).

Sea cual sea su postura sobre la reforma contributiva, no se puede tildar de traidores a los legisladores que por alguna razón u otra no avalaron el proyecto con su voto. Son igual de populares que los que defendieron al IVA, y representan importantísimos sectores del partido. Mensajes de odio hacen más daño al partido que un mero voto contra un proyecto del gobernador. Como dijo el ex senador Eudaldo Báez Galib, “La realidad es que el principio de ser legislador no es meramente acatar todo lo que te diga un partido porque entonces dejaste de ser. Para eso sencillamente los partidos ponen una sola persona en el cuerpo que vote por todos los demás. Por lo tanto, el mismo principio de que hayan tantos legisladores, es evidencia de que cada uno de ellos tiene un espacio en el cual se pueden mover sin ser castigados ni cuestionados. Ese es el espacio que nunca ha sido definido con precisión.”

 

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participación ciudadana, reestructuración

10 razones para rechazar la Junta de Control

Por los pasados meses ha ido tomando forma un fuerte debate entre los puertorriqueños, sobre la conveniencia y los efectos que tendría una Junta Federal de Control Fiscal sobre nuestros procesos democráticos.

Un número considerable de ciudadanos agobiados y decepcionados con la clase política del país o con una profunda frustración ante la crisis económica, abogan con mucha fuerza por la pronta implementación de la Junta. Sus argumentos en favor de la misma son variados pero, al final del día, el denominador común es que suponen que la junta federal es un “mal necesario” que ayudará a enderezar al país.

Sin embargo, la realidad es que estos argumentos nacen del desconocimiento que aún permea en torno a las verdaderas implicaciones de la imposición de una Junta de Control Fiscal. A continuación, esbozo 10 razones por las que debemos rechazarla:

1. Puerto Rico necesita más democracia, no menos democracia.
Es evidente que la gente esté molesta con los partidos políticos y la política tradicional. Como respuesta, se ha propiciado la creación de nuevos partidos políticos; la inclusión de candidatos independientes en este proceso electoral; una disminución en la participación electoral; y el crecimiento del sector no afiliado a ideologías políticas particulares. No obstante, la frustración y el tranque electoral no se resuelven eliminando las elecciones y la participación ciudadana en los procesos políticos. Con una Junta de Control Fiscal federal, los poderes decisionales sobre la administración del presupuesto del País y la provisión de servicios, estarían concentrados sobre sólo cinco personas nombradas por el gobierno federal. Por tanto, ahora, más que nunca, es necesario que la ciudadanía se inserte en todos los procesos políticos y de gobernanza y que se abran mayores espacios para la participación asertiva de todos los sectores. Un buen ejemplo de cómo comenzar es replicar la práctica que tienen la mayoría de los estados de la nación estadounidense y numerosos países de permitir la votación por referéndum de los electores para decidir sobre la emisión de bonos. Indudablemente, la mejor fiscalización es la participación activa.

2. El pueblo de Puerto Rico ya ha rechazado la austeridad.
Las políticas económicas neoliberales no han logrado fortalecer la economía local, muy al contrario, han propiciado activamente su deterioro. Como ejemplo, cabe recordar que la pasada administración despidió unos 30,000 empleados públicos e implementó una serie de medidas sociales y económicas de corte neoliberal. Su proyecto fue rechazado en las urnas, y Fortuño perdió sobre 140,000 votos entre el 2008 al 2012. Por su parte, aunque el gobernador Alejandro García Padilla asumió su mandato con una promesa de rechazo a dichas políticas, su proyecto económico fue aproximándose cada vez más hacia medidas de austeridad y la fuerte oposición ciudadana a tal cambio le costó la oportunidad de una reelección.


3. Una junta federal de control fiscal nos deja sin voz ni voto
En la actualidad, cuando no favorecemos la forma en que gobierna un determinado político, el proceso eleccionario nos permite sacarlo de su puesto electivo. Consecuentemente, si los políticos de los partidos mayoritarios no cumplen con sus propuestas de campaña o no ejercen el poder con la sabiduría que se requiere, los ciudadanos pueden quitarles el privilegio de ser representados por ellos, así como también se lo pueden otorgar a un candidato del PIP, del PPT o independiente. Sin embargo, cuando la Junta Fiscal comience a tomar decisiones fundamentadas principalmente en lograr el pago a los acreedores, en contraposición a los servicios gubernamentales y a la estabilidad del País, el pueblo estará amarrado, silenciado e imposibilitado de manifestarse en las urnas. Las determinaciones adversas de una junta compuesta por funcionarios federales que pueden ir desde el despido de empleados públicos hasta el trastoque de sistemas de pensiones, de derechos adquiridos y de escalas salariales, estarían por encima de las facultades y poderes del cuerpo legislativo puertorriqueño y de las prerrogativas del Primer Ejecutivo. Es decir, no habrá absolutamente nada que podemos hacer sobre cada decisión que ejecute la Junta.

4. Seguirá la corrupción e ineficiencia.
Se habla mucho de la corrupción y la ineficiencia como razones para apoyar a la Junta. Definitivamente, son problemas latentes que urge atender, pero pensar que una junta federal de control fiscal buscará soluciones para estos males es una desinformada ingenuidad. Por ejemplo, mientras trastocaron la provisión de servicios básicos a los residentes, los “amigos” magnates del presidente de la Junta de Washington D.C. se lucraron con millones de dólares en incentivos contributivos. Asimismo, en un evidente conflicto de interés, el presidente de la Junta también era miembro a su vez de la junta de directores de la compañía de Carr. A nivel local también tenemos robustos ejemplos, ya que ni los recortes de Fortuño ni la privatización de Rosselló eliminaron la grasa gubernamental. Muy al contrario, aumentó el lucro de contratistas particulares y la corrupción desmedida. Es menester tener en cuenta que los recortes fiscales no son sinónimo de imposición de transparencia y eficiencia. Aunque la Junta de Control Fiscal tenga la facultad de anular contratos, no lo hará cuando los contratantes sean además donantes políticos, aunque ese gasto en particular obstruya la capacidad de cumplir con el pago de alguna otra obligación. Más peligroso aún, recortar sin reformar la administración pública pueden multiplicar los efectos negativos de la eliminación de servicios, eso lo vimos claramente durante los despidos de la pasada administración. Los servicios del gobierno se afectaron adversamente.

5. ¡Adiós retiro!
Si no fue de su agrado la forma en que el gobierno tocó el bolsillo de los pensionados con la Ley Núm. 66, pues prepárese para lo que vendrá. Los $43 mil millones en deuda sin fuente de repago que cargan los sistemas de retiro, sin duda enfrentarán recortes extraordinarios como parte de las decisiones Junta de Control Fiscal para lograr el cuadre.


6. El mercado de bonos no es el denominador común.
Se habla mucho sobre la necesidad de tener acceso a los mercados y de estar de buenas con las agencias acreditadoras. Sin embargo, ¿de qué vale tener acceso a los mercados si el capital que podamos obtener no tendrá impacto en nuestro desarrollo económico? En el pasado, nuestro sobresaliente acceso a los mercados nos trajo mega proyectos que, 20 años después, nos generan cientos de millones en pérdidas. Tenemos que cambiar la forma en que gobernamos y elegimos nuestras prioridades antes de comenzar a soñar con billones de dólares para endeudarnos luego. No debemos recurrir al dinero prestado, hasta que, sean aprobadas medidas legislativas que permitan referéndums ciudadanos para avalar o rechazar emisiones.


7. Nuestro desarrollo y bienestar no sólo se mide con dólares y centavos.
No podemos confundirnos, la Junta de Control Fiscal tendrá una sola función: asegurar el pago de la deuda pública. El único criterio que utilizará la Junta para medir el éxito de su desempeño será en dólares y centavos. La administración en función de los intereses económicos particulares se superpone a la calidad y disponibilidad de servicios básicos para la ciudadanía. Para muestra, cabe recordar que la Junta Federal impuesta sobre el distrito de Washington D.C. cambió la administración de las escuelas para designar personas con experiencia gerencial y sin conocimiento sobre metodología educativa. Por lo menos, los tribunales estatales – donde irán la gran mayoría de demandas en caso de un impago o moratoria – toman en cuenta el bienestar público, funcionamiento gubernamental e interés público.

8. Los E.E.U.U. tiene una responsabilidad con Puerto Rico
Sin duda, el trato negativo que ha recibido Puerto Rico durante este cuatrienio no tiene precedente salvo, quizás, la invasión del 1898. Aún entonces no éramos más que botín de guerra de una lucha de poder entre dos fuerzas ajenas e imperialistas. Hoy somos las víctimas directas del tratamiento inferior, la enajenación de hecho y de la falta de interés del gobierno federal. Si bien es cierto que los Estados Unidos tienen una responsabilidad con Puerto Rico respecto al asunto del estatus, una Junta Fiscal sólo perpetúa y empeora el limbo territorial aún más.

9.Una reducción al salario mínimo terminará de vaciar el país.
La crisis económica ha obligado a muchas personas, particularmente jóvenes profesionales, a abandonar el país en búsqueda de nuevas oportunidades económicas y de estabilidad laboral. Trastocar el salario mínimo en el país supondrá la pérdida de más fuerza laboral y acrecentará el debilitamiento económico. ¿Qué cree usted que hará esa joven recién graduada, de 22 años, al momento de buscar trabajo y sólo encontrar ofertas de empleo que paguen menos del salario mínimo? ¡Preparará sus maletas y buscará mejores oportunidades en otro lugar!

10. La Junta de D.C. no fue un mamey
Los tan citados ejemplos de Nueva York y Detroit no son comparables a la situación de Puerto Rico. Estos organismos eran juntas de control estatal como la ya legislada en Puerto Rico a través de la Ley Núm. 208-2015 y aún si toman decisiones por encima de un alcalde o de una legislatura municipal, el gobernador y la legislatura estatal democráticamente electos no renuncian a sus funciones y deberes legítimos y salvaguardan las actuaciones de la Junta. Aquí estaremos a la merced de las erráticas decisiones de Mr. Duffy de Wisconsin y Mr. Hatch de Utah. La Junta de Control impuesta sobre Washington D.C. sí puede ser un ejemplo de un organismo federal controlando las decisiones locales aún por encima de los funcionarios democráticamente electos. En dicho caso, la Junta – apodada como el “angel de la muerte” por un ex-alcalde de la ciudad – realizó drásticos recortes, privatización y eliminación de servicios sociales y aumentó los niveles de pobreza entre los residentes de la capital estadounidense. Lo irónico es que, aún con las dramáticas medidas de austeridad impuestas, hoy la ciudad debe más dinero del que debía antes de la Junta.

 

Apoyar la implementación de una junta de control fiscal como si fuera un castigo es una repuesta corta de vista. Amputarnos el brazo porque tenemos gangrena en un dedo no es la solución. Recuerden que los que están empujando la junta en el congreso federal también son políticos, impulsados por intereses y cabilderos muchos mas poderosos que los de acá.

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estatus

El síndrome del colonizado

Políticos de casi todos los partidos, durante las últimas décadas, han aspirado a llegar al poder con un discurso anticolonialista. Veamos el siguiente caso de uno de estos políticos, que ha usado este tipo de argumentación para abrirse paso. “La política pública federal hacia Puerto Rico es una vergüenza, que contradice la afirmación de que los Estados Unidos desea democracia y dignidad para sus ciudadanos,” afirmó Pedro Pierluisi una vez. “#NoALaColonia” decía el ‘hashtag’. Sin embargo, luego de enfatizar su oposición a la Junta de Control Fiscal (JCF) ahora se encuentran negociando la misma, entidad que sin duda es de carácter colonial.

Líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se burlaban del “pacto” del 1952 que alaba los estadolibristas. Según Thomas Rivera Schatz, es un “mito colonialista” y el gobierno puertorriqueño es “un cuerpo político colonial que nació en 1898 y que hoy continúa tan colonial como entonces”. También dicen muchos que el ELA mejorado que proponen otros populares es simplemente una modalidad de la colonia, o incompatible con la constitución de los Estados Unidos.  Que la democracia y la libertad solo se puede encontrar dentro de la estadidad o la independencia.

Sin embargo, ahora que los federales proponen la Junta de Control Fiscal y hay algunos líderes del PNP que no pueden ocultar su felicidad. Por ejemplo, el doctor Ricky Rosselló respaldó la propuesta desde el inicio e indicó que la idea era suya. El Comisionado Residente Perluisi, por su parte, hasta hace poco estaba redactando un proyecto con el Representante Rob Bishop para la creación de una Junta. Incluso, legisladores del PNP sometieron un proyecto de Ley con sus recomendaciones sobre cómo debería ser la nueva Junta. A estas alturas debemos preguntarnos ¿A dónde ha ido a parar el discurso descolonizador del PNP? La Junta Federal no hace absolutamente nada para lograr la descolonización de Puerto Rico. Es la manifestación más pura de la colonia. No solo perpetúa el status territorial, si no que retrocede nuestra condición política hasta el año 1900, revirtiendo un siglo de conquistas autonomistas.

Luego de denunciar sistemáticamente nuestra condición territorial,  ahora le dan la bienvenida sin resistencia alguna. No solamente seguimos sin congresistas o el  voto presidencial, si no que bajo la JCF estaremos prácticamente sin Legislatura Estatal ni Gobernador, ya que para efectos prácticos quedan sujetos a su control. Si el Estado Libre Asociado (ELA) no cambió la relación territorial, al menos ésta contaba con un referéndum y una asamblea constituyente,  que ofrecía  cierta legitimidad. La Junta de Control Fiscal, no tiene justificación más allá de la idea congresional de que los puertorriqueños no son capaces de autoadministrarse .

Si algo dejado claro esta crisis, es quiénes verdaderamente son los de mentes colonizadas. El popular estadolibrista, por lo menos, fundaba su teoría en el pacto democrático, aunque en la realidad no concordaba con el derecho internacional. El político PNP, pensamos que basaba sus posturas en principios de igualdad, democracia y descolonización. Lo visualizamos como alguien incansable y consistente dentro de la política estadounidense. Pero ahora vemos sus colores verdaderos.

El apoyo de sus líderes hacia la Junta Federal demuestra que dicho discurso existía únicamente para ganar elecciones y perpetuar el poder. No está fundamentado en una ideología de autonomía estatal dentro de una federación política, y tampoco en los principios de la libertad y democracia estadounidense. Quieren la federalización total de la isla, aunque signifique castrar la democracia limitada que tenemos. Tienen la autoestima colectiva en baja, pensando que los de allá arriba pueden gobernarnos mejor. Para ellos, somos salvajes incivilizados, como indicaron los famosos Casos Insulares del siglo pasado.

En conclusión, aunque nunca he simpatizado con la estadidad, ciertamente siento lástima del elector estadista, que sí cree en ella como mecanismo para lograr la igualdad y democracia plena. Las promesas sobre la estadidad resultaron una farsa en boca de sus líderes. Con esas promesas, ganaron y aspiran hoy a ganar elecciones, para repartir puestos y contratos. Ahora véanlos pidiendo al Congreso que refuerce la  colonia con una Junta Federal.

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