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Puerto Rico statehood bid a total failure

In the midst of an unprecedented economic and fiscal crisis, Puerto Rico held its fifth status referendum in 50 years last Sunday. Producing a 97 percent victory in favor of statehood, New Progressive Party (PNP) Gov. Ricardo Rosselló has made it clear that he will lose no time leveraging the mandate to push Congress to admit Puerto Rico as the 51st state. Despite this, Rosselló will surely exclude from his sales pitch any reference to the successful electoral boycott organized and supported by practically every movement, party, and sector other than the PNP.

Though Puerto Rican voters traditionally churn out en masse for electoral events, only about a quarter of voters participated in Rosselló’s referendum. Turnout rates for previous votes on the matter in 2012, 1998, 1993 and 1967 boasted participation rates of 78 percent, 71 percent, 74 percent, and 60 percent, respectively. The boycott, in effect, was thus successful. Though turnout tends to be low in the U.S., such organized boycotts are staples of Latin American politics. International headlines on the matter are devastating for the PNP, shadowing the victory with reference to high absenteeism.

Every PNP administration since 1992 has dished out a failed referendum on the statehood question. Rossello’s father, who was also governor, sponsored two. Though the votes have failed to provide a majority for the statehood option (or a convincing majority in the case of the 2012 referendum, which was itself flooded with protested blank ballots), the electoral events have worked well in rallying the PNP’s political base and party machinery. Nevertheless, none of these votes have ever been supported, sponsored, or recognized by Congress.

This vote was supposed to be different, as President Barack Obama allocated $2.5 million back in 2013 for the purpose of carrying out a federally-sanctioned status referendum. The allocation, in turn, required that the ballot options be approved by the U.S. Department of Justice.

Nevertheless, upon Rosselló submitting his first ballot draft, the department rejected it and titled it as “ambiguous and potentially misleading”, in reference to the ballot’s clear bias towards statehood. The Puerto Rican legislature amended the ballot per the department’s request but when the latter requested time to review the changes, Rosselló decided to proceed with the vote utilizing state funds. Since then, the Department of Justice has made it clear that the ballot is so far unauthorized.

The PNP’s desperation does not end there. When the Puerto Rican Independence Party decided to boycott the referendum, the only pro-independence activist who was willing to act as a spokesperson for the ballot option happened to be on the Rosselló administration’s payroll. Similarly, statehood supporters began plastering city streets and building walls with posters featuring the colors of opposition parties, inviting their followers to vote. The PNP, in effect, propped up ballot options other than their own in order to grant legitimacy to their ailing referendum process.

The statehood movement has attempted to justify their referendum, extensively citing numerous congresspersons’ calls to action for Puerto Rican voters to participate. Representatives of the likes of Sean Duffy (R-Wis.), Don Young (R-Alaska), and Carlos Curbelo (R-Fla.) have each publicly supported the process. Nevertheless, each of these individuals are recipients of generous campaign contributions from deep-pocket statehood donors.

Rosselló’s $7.5 million referendum comes at a time where his government is closing up almost 200 schools in order to save $7.7 million in operating expenses. Last April, Rosselló prematurely pulled the plug on an independent audit that was being carried out on the island’s $73 billion debt, citing that the $2 million that it would cost to audit the debt was wasteful. At the end of the day, Rosselló’s insistence will go down in history as yet another failed status referendum that pushes Puerto Rico no closer to resolving its status woes. What could have been the very first vote with congressional blessings has in effect become a toothless rallying-cry for pro-statehood militants.

Republished from The Hill

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La crisis de la democracia puertorriqueña

Se supone que haya una democracia más allá de las elecciones partidistas que nos tocan cada cuatro años. Se supone que existe la vida cívica, y que por lo menos haya un nivel nominal de participación en la toma de decisiones. Se supone que el poder sea del pueblo y para el pueblo. Por lo menos eso es lo que dice la jerga política y los lemas genéricos de las campañas políticas.

Se organizan debates de los candidatos en los pueblos, y los periódicos los entrevistan para saber su parecer acerca de los temas del día. Nos dicen que nos escucharán, que las puertas estarán abiertas y que podemos contar con ellos. Pero cuando llegan allá arriba, se convierten en soldados de fila para el aparato de los partidos y sus caucus. Se valoriza más la lealtad que el criterio propio. Predomina un plan redactado por tecnócratas sobre el debate y procesos deliberativos.

La verdad es que las opciones que tiene el ciudadano son extremadamente limitadas, procesadas y regurgitadas. El PNP obligó a sus candidatos firmar un acuerdo de lealtad a pena de expulsión, y el PPD se encuentra de nuevo debatiendo la posible suspensión de legisladores “disidentes”. La democracia puertorriqueña ha sido limitada a una selección entre Pepsi o Coca-Cola. Y lo más malo no es la poca selección; es el hecho de que solamente podemos tomar la decisión nada más por cuatro años.

Si te organizas en una organización comunitaria, no vas a tener legitimación activa para cuestionar en los tribunales acciones del gobierno. Si vas para el Capitolio para expresarles tu molestia, no te dejan entrar. Si hay un proyecto de ley que no te gusta, suerte si pautan medio día de vistas públicas simbólicas. Esos proyectos ya estaban planchados mucho antes de ser radicados.

Desmantelan las pocas iniciativas participativas que pueden atender las comunidades desaventajadas, aprueban leyes para destituir miembros y ciudadanos de comisiones y consejos supuestamente autónomas, imposibilitan cualquier auditoría independiente de una deuda claramente nebulosa, y hacen lo posible para desmantelar el principal centro educativo de pensamiento crítico del País. Legislan plebiscitos diseñados para excluir electores. Los fiscales, investigadores y agencias investigativas – como hemos visto con el caso de Héctor O’Neill – han demostrado que responden únicamente a presiones políticas; usando la mano dura contra ciertos ciudadanos y dejando pasar otros (como los Rivera Guerra y superintendentes del Capitolio corruptos de la vida). Nos han quitado todo.

No quieren que el ciudadano participe. Por eso bajan proyectos controversiales y sumamente complicados de un día para otro por esa misma razón. No te quieren escuchar y solo están dispuestos a tolerar tus gritos dentro de los espacios pequeños que ellos te imponen. Cualquier protesta o revolú que pueda causar un tapón o inconveniencia para un turista o inversionista es indignante, pero no una nefasta política pública diseñada para quitarte la salud, educación, poder adquisitivo y derechos. Eso sí lo tenemos que chupar, y aparentemente con una sonrisa porque ellos allá arriba saben mejor que nosotros lo que nos conviene.

El ciudadano y su activismo no se ve como un activo. Lo ven como un obstáculo para la ejecución de su agenda. Se ausentan de visitas protocolares cuando saben que les van a dar cara a padres de estudiantes de escuelas públicas, esconden documentos públicos tales como el presupuesto y demonizan la protesta. Lo que no reconocen es que dar cara, la transparencia y protestar es la esencia de la democracia.

Aunque es cierto que podemos cuestionar cuán democrático podría ser un país sometido a los poderes plenarios del Congreso o bajo la tutela de una Junta de Control Fiscal, cada uno de los señalamientos que he hecho en esta columna son remediables desde ahora. Sin embargo, la clase política no ha demostrado la más mínima intención de asumir valores verdaderamente democráticos, especialmente cuando podrán resultar en disidencia o diversidad de opinión.

Lo que tenemos en su lugar, parece, es un sistema donde cada cuatro años escogemos quién va ser dictador.

Republicado de El Vocero

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Suficientes razones para auditar la deuda

La comisión para la auditoría de Francia encontró que el 60% de la deuda pública de dicho país era ilegítima. En Ecuador, los trabajos de su comisión lograron la anulación del 70% de su deuda al exterior. En el 2014 la ciudad de Detroit se metió en los tribunales buscando anular deuda potencialmente ilegal. En el tribunal federal de Puerto Rico, diferentes grupos de bonistas se alegan unos a otros la ilegalidad de su deuda. Mientras tanto, en Puerto Rico altos funcionarios firman acuerdos de confidencialidad con los bonistas, negocian a puerta cerrada y eliminan a toda prisa cualquier esfuerzo para poder auditar la deuda pública.

La Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico comenzó sus trabajos el año pasado, contando inicialmente con la participación activa de miembros de las delegaciones PPD y PNP de la legislatura. Pero cuando la Comisión emitió sus primeros dos informes preliminares, algunos de espantaron al ver los señalamientos sobre la posible ilegalidad de ciertas emisiones, entre otras irregularidades. Algunos hallazgos fueron que posiblemente la deuda es inconstitucional y violaciones a las leyes federales y normas del Comisión federal de Valores e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés).

Pero la Comisión no era la única levantando cuestionamientos relacionados a la SEC. El presidente pro tempore del senado federal, el republicano Orrin Hatch, refirió al SEC en junio del 2016 alegaciones sobre posibles actividades ilegales por parte de inversionistas y funcionarios públicos. La presidenta de la legislatura municipal de la ciudad de Nueva York y demócrata, Melissa Mark-Viverito junto a un grupo de senadores de su partido también habían solicitado el mes anterior una investigación de la SEC sobre préstamos predatorios de parte de ciertos bonistas. Anteriormente en el 2014, la SEC repartió $883,200 en multas a 13 firmas por transacciones contrarias a la ley realizadas en Puerto Rico.

El año pasado la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) multó a la firma Morgan Stanley $170,284 y a Merrill Lunch por $6.2 millones más $779,999 en restituciones por por vender bonos municipales a  precios injustos y traqueteos con líneas de crédito, respectivamente. Mientras tanto, los bancos que cobraron sus comisiones sobre los bonos puertorriqueños se metieron en los bolsillos comisiones de hasta 9.01% mientras el promedio estadounidense es de 1.02%. Inclusive, ¡una tercera parte de todas las querellas de FINRA son de Puerto Rico!

Recientemente una investigación legislativa reveló un esquema donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) emitió bonos, luego tomó un préstamo de la banca privada para pagar los intereses de dichos bonos, tomó otro préstamo al Banco Gubernamental de Fomento para pagar el préstamo a la banca, y el BGF, a su vez, emitió bonos para financiar lo anterior con la AEE emitiendo deuda nueva para pagarle al BGF. Otro estudio sobre el tema demostró en junio que a través de refinanciamiento tras refinanciamiento, casi la mitad de la deuda pública – o $33.5 billones – responde a la suma de intereses de una deuda real que no sobrepasa $4.3 billones. ¡Esto significa una tasa de interés de 785%! Actualmente, inversionistas esperan obtener 1,900% de rendimiento, ya que los bonos de refinanciamiento se están vendiendo por cinco centavos al dólar. Mientras tanto, el gobierno se prepara para recortes que economistas concuerdan empeorarán la crisis social y económica.

Sin duda, hay suficientes razones para proceder con una auditoría integral de la deuda pública. La Comisión de la Auditoría no solamente disfrutaba de amplios poderes investigativos, si no también una autonomía que sobrevivió intentos de parte del gobierno en destituir sus miembros; la facultad para referir casos a las autoridades pertinentes; y el deber de producir recomendaciones sobre cómo evitar que suceda cualquier señalamiento de nuevo. Es cierto que sus acciones probablemente crearán una avalancha de investigaciones, querellas, demandas y referidos, pero al final del día, tocará principalmente a la SEC y los tribunales repartir la rendición de cuentas.

Claro, hay muchos que se asustan con todo esto. Y por eso mismo es que una auditoría de este tipo tiene que realizarse una entidad autónoma como la Comisión de la Auditoría. Así que mientras Ricky Rosselló, Thomás Rivera Shatz y Johnny Méndez buscan la forma de imposibilitar la auditoría de la deuda, las agencias correspondientes siguen repartiendo multas con la poca información que le ha caído. La sobrevivencia de la Comisión de la Auditoría, en turno, se ha convertido en una batalla por el buen gobierno, y no uno de déspotas que conspiran, cooperan y encubren el saque financiero del país.

Republicado de Puerto Rico Te Quiero

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